La empresa española ya es una de las 25 firmas que contenderán por uno de los 15 contratos de producción compartida en aguas someras de la Ronda Dos petrolera mexicana que, al contar con mayor superficie y recursos disponibles para los privados, resultó más concurrida que la de contratos similares de la Ronda Uno.
Para el próximo mes de Junio las empresas harán sus propuestas de participación en la utilidad operativa que están dispuestos a compartir con el Estado, que oscilan entre un mínimo que va desde 8.5% hasta 24.8% y un máximo de 75%, según el campo.
La española tiene una historia complicada con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio político que se aproxima en 2018 es la excusa perfecta para que Repsol finalmente se decida a ingresar en la contienda de la reforma energética.
La relación del CEO Antoni Brufau con Enrique Peña Nieto tiene un pasado tormentoso. Cuando Pemex tenía un 9% de participación accionaria de Repsol una de las primeras acciones de Emilio Lozoya en el inicio del sexenio de Peña fue hacer una operación – como titular de Pemex – en el board de Repsol para que Brufau fuera removido del cargo.
Al momento de su inversión en Repsol, durante los gobiernos panistas, Pemex la justificó en que más que una participación financiera, lo que buscaba era acceder a la tecnología de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
Con Lozoya todo cambió. Decía que la inversión había perdido valor porque no se vieron los beneficios tecnológicos ni los rendimientos accionarios esperados. Señalaba los resultados financieros de 2011 y argumentaba que mientras que la acción de Repsol cotizaba prácticamente sin variaciones, los títulos de Exxon iban en aumento.
